La Diputación mantiene su compromiso con los gobiernos locales invirtiendo 260 millones de euros

La Diputación de Barcelona ha aprobado el Programa general de inversiones (PGI), que está dotado con 260 millones de euros y que tiene como objetivo que los gobiernos locales puedan realizar los principales proyectos de este mandato. La presidenta de la corporación, Lluïsa Moret, ha detallado que el PGI es "uno de los instrumentos más importantes de la Diputación de Barcelona para apoyar la autonomía local".

La distribución entre los ayuntamientos (259,3 millones de euros) y las Entidades Municipales Descentralizadas –EMD– (700.000 euros) "se ha realizado de una forma más transparente, justa, equitativa y objetiva", aseguran desde la Diputación. En concreto, y para contribuir al reequilibrio territorial, se han fijado ocho criterios a la hora de distribuir las ayudas entre los ayuntamientos del territorio. Ante todo se ha establecido una cantidad mínima de 100.000 euros para cada uno de los 310 municipios; excepto la ciudad de Barcelona, que no está incluida. Y, por otra parte, el 52% del reparto (134,952 millones de euros) se ha realizado en función de la población de cada localidad; además de tener en cuenta la cantidad de población no residente presente en el municipio (12.965 millones de euros).

Los criterios aplicados también han servido para apoyar a los municipios con menos recursos y potencialmente con mayores necesidades, teniendo como referencia las cifras relativas al IRPF de las personas que viven, al desempleo y al nivel de ingresos propios de la localidad.

También se han tenido en cuenta las características territoriales de cada municipio, con el objetivo de corregir el coste de prestación de los servicios para la ciudadanía y de la dotación en equipamientos e infraestructuras. En este caso, los criterios hacen referencia a la extensión municipal y a la cantidad de entidades de población que existen en cada término municipal.

Dos líneas de apoyo

El PGI establece dos líneas de apoyo. El grueso de la financiación que recibirán los gobiernos locales de la provincia (80%) está destinada a proyectos sostenibles. En cuanto a las ejecuciones de obra, se mantiene el requisito de haber aprobado el expediente de contratación y haber dispuesto la apertura del procedimiento de adjudicación.

Y, por otro lado, cada ayuntamiento podrá disponer del 20% de su asignación, de forma incondicionada, para financiar gasto generalista inversor ejecutado en las anualidades 2023 y 2024. Aunque, en este caso no se requiere que los gobiernos locales soliciten esta ayuda, si quieren obtener el pago por adelantado, tendrán que tramitar la aceptación expresa de la ayuda o sino el pago se efectuará una vez se justifique el gasto.

Moret ha hecho hincapié en que el PGI de este mandato se ha aprobado antes que en otras ocasiones con la voluntad de que los municipios de la demarcación "puedan disfrutar de estos recursos de primera mano para trabajar las inversiones que tengan previstas", y ha añadido que los dos objetivos fundamentales son mejorar las condiciones del espacio público y de los equipamientos.

Simplificación de los trámites

Según explican desde la Diputación, la simplificación y la flexibilización de los procedimientos administrativos son uno de los rasgos característicos de este nuevo PGI que se acaba de aprobar, ya que, como ha asegurado Moret, "es una de las demandas históricas de los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas" . En cuanto a la primera línea de apoyo se establece un período de solicitud abierto ininterrumpidamente hasta el 30 de noviembre de 2026 y el período de ejecución será de seis años, del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2028, ampliando un año antes del inicio del actual mandato y otro año después de su finalización.

Además, como novedad, se aumenta hasta cinco el número de solicitudes que pueden realizar los gobiernos locales de más de 20.000 habitantes, mientras que se mantiene en tres para aquellos de menor población. No obstante, en caso de imposibilidad de presentar la solicitud debido a pujas desiertas, el plazo de presentación de solicitudes se ampliará hasta el 28 de febrero de 2027.

También se contempla el pago adelantado del 50% del importe del primer año con la adjudicación y se simplificará la revisión de las solicitudes por parte de la Diputación, reduciendo a dos los meses para realizar la valoración de los proyectos y así acelerar la resolución de las ayudas.

Las mismas fuentes remarcan que el PGI mantiene uno de sus rasgos distintivos: la flexibilidad para efectuar cambios de destino, ampliaciones y modificaciones de plazos, a fin de poder dar respuesta a las circunstancias que se produzcan en la gestión de los expedientes.