EDITORIAL. La irresponsabilidad política nos aboca a nuevas elecciones

La ciudadanía de Catalunya tiene de nuevo una cita con las urnas. El próximo 12 de mayo volveremos a los colegios electorales para elegir al nuevo presidente de la Generalitat y la composición del Parlament, con la esperanza de que, finalmente, se ponga a hacer los deberes y encare los problemas reales a los que nos tenemos que enfrentar a diario.

Ante el fracaso de la aprobación de los presupuestos para este año, acordados entre ERC (que lleva meses gobernando en solitario con tan sólo 33 diputados de un total de 135) y el PSC, que el pasado fin de semana celebró su congreso nacional (en el que Salvador Illa fue ratificado como primer secretario y la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, como número 2) el adelanto electoral era la mejor decisión que se podía tomar.

Unas cuentas que, recordemos, hubieran sido las mayores de Catalunya, sumando 43.673 millones de euros, un 6,3% más que en 2023, lo que suponía la mayor capacidad de gasto que ha tenido nunca la Generalitat. Representaban una importante inyección de dinero para mejorar la sanidad pública; reforzar el sistema educativo después de los pésimos resultados del último informe PISA (que sitúa a los estudiantes catalanes entre los peor preparados en comparación con otras regiones de España y del resto de Europa); facilitar el acceso a la vivienda, fortalecer la seguridad y combatir la extrema sequía que está padeciendo el país.

En este sentido, es de justicia poner en valor el papel de los socialistas catalanes, que priorizaron los intereses de Catalunya por encima de los de la propia formación. De hecho, lograron consensuar unos presupuestos que, en líneas generales, iban a resultar muy beneficiosos para nuestra comarca.

Concretamente, las cuentas recogían la inversión de un 10% más de recursos económicos en materia educativa; la incorporación de 4.000 viviendas nuevas al parque de alquiler social; la creación de juzgados de primera instancia en Esplugues, Sant Feliu, Cornellà, El Prat y Sant Boi; actuaciones concretas para luchar contra la sequía en Collbató, Vallirana y Cervelló; la inversión de un millón de euros en el proyecto de cuántica liderado por el Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels; la elaboración o actualización de estudios para favorecer la movilidad sostenible en Esplugues, Sant Boi, Castelldefels o Cornellà, y mejoras en el ámbito sanitario y social que afectaban a Abrera, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Feliu y Viladecans.

También contemplaban más de 74 millones de euros en inversiones para L’Hospitalet, entre las que que destacaban los 50 millones a la ampliación de recinto de Fira de Barcelona en la Gran Via, cuatro millones a la mejora del Hospital de Bellvitge, otros cuatro a la reforma del Hospital Duran i Reynals o un millón de euros al Hospital General de L’Hospitalet. Además, los presupuestos dedicaban 2,2 millones a impulsar el Idibell y sus investigaciones científicas y daban un importante impulso a la educación en la ciudad con la ampliación del Institut Escola Pere Lliscart o la construcción de la Escuela Paco Candel, desde hace años en barracones. En definitiva, actuaciones encaminadas a garantizar el progreso de nuestro territorio.

Sin embargo, el resto de formaciones no han estado a la altura. Un ejemplo más de la irresponsabilidad política que impera en nuestras instituciones. El argumento de la líder de los comunes, Jéssica Albiach, para ratificarse en su negativa, ha sido el proyecto del Hard Rock. Pero la realidad es que no parece muy convincente, ya que desde esta misma formación se habían votado favorablemente con anterioridad presupuestos que, a diferencia de éste, sí contaban con partidas económicas específicas para el macroproyecto de Tarragona. Por su parte, el partido de Carles Puigdemont tampoco quiso respaldar las cuentas ante la negativa del Govern de Pere Aragonès de replantearse el impuesto de sucesiones.

En definitiva, poco consenso y diálogo, demasiada rigidez y posicionamientos claramente partidistas. Y las consecuencias son rotundas: una oportunidad perdida para acometer inversiones totalmente necesarias, un año prácticamente perdido y una nueva cita electoral.

Pese al hastío de la ciudadanía, algo comprensible a causa del encrespamiento y polarización de la política de los últimos tiempos, nos enfrentamos a unos comicios cruciales. Por este motivo, es importante que acudamos masivamente a depositar nuestro voto en las urnas porque el país debe enfrentarse sin demora a grandes retos.

El primero y más urgente es, sin duda, la sequía, ya que estamos registrando el peor episodio del último siglo. Después de casi tres años sin lluvias abundantes en las cabeceras de los ríos, las reservas de agua del sistema Ter-Llobregat, que engloba a 202 municipios (entre ellos, todos los de la comarca y L’Hospitalet) están ya por debajo del 16%, lo que obligó a la Generalitat a decretar el pasado mes de febrero el estado de emergencia en fase 1.

Ante este alarmante episodio, se han aplicado restricciones más severas en el consumo para toda la ciudadanía, así como para la agricultura, el sector turístico y la industria, con graves costes para la economía del país y para el bienestar colectivo. De hecho, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ya ha empezado a aplicar la bajada de presión en el suministro de agua en Begues, Cervelló, Corbera, La Palma, Sant Just y Sant Vicenç. Y en el caso de continuar la situación actual, se prevé extender esta medida a otros municipios, priorizando los que tienen las dotaciones más elevadas.

Por eso, resulta inconcebible que se haya hecho público que la Agència Catalana de l’Aigua, dependiente de la Generalitat, haya acumulado una hucha de 540 millones de euros por falta de inversiones. Si el Govern hubiera utilizado estos recursos económicos, es más que probable que muchas de estas poblaciones no tendrían los problemas que hoy están lamentablemente sufriendo.

Nadie puede responsabilizar al ejecutivo catalán de que no llueva. Eso es evidente, porque es un efecto innegable del cambio climático, pese a los que reniegan de su existencia. Pero sí se puede reprochar la mala gestión de la sequía y una pésima planificación estratégica, sobre todo por la falta de inversión en esta materia que históricamente está sufriendo Catalunya.

Pero también hay otros temas urgentes en ámbitos como la sanidad, la educación, las energías renovables o la vivienda. Problemas reales que requieren de respuestas concretas. De ahí la importancia de practicar lo que los socialistas denominan política útil, al servicio de la ciudadanía. O lo que es lo mismo, dialogar y acordar en pro del bienestar colectivo. No olvidemos nunca que el fin último de la política no es otro que satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas mediante una buena gestión de los recursos públicos. Por eso, necesitamos un presidente de la Generalitat que sea consciente de la pluralidad y diversidad existente en Catalunya y que esté dispuesto a hacernos a avanzar hacia la prosperidad.

Como era de esperar, la convocatoria electoral catalana también ha trastocado los planes del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, quien ha decidido renunciar a aprobar los presupuestos para este año, anunciando que trabajará directamente para los de 2025. Una mala noticia de nuevo para los ciudadanos porque, desgraciadamente, éstos serán más austeros, ya que empezarán a regir las reglas fiscales que impone la Unión Europa.

Exigimos estabilidad, gobiernos fuertes, coherencia y realismo. Los intereses partidistas no favorecen a nadie. En estos momentos es más necesario que nunca practicar el noble arte del diálogo y la negociación. No perdamos un tiempo innecesario porque los desafíos a los que nos enfrentamos son de especial relevancia.