Héroes investigadores; no solo becarios

El Primero de Mayo, con premeditación y alevosía, vete tú a saber si con nocturnidad, se publicó en el BOE una orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En teoría, era una buena noticia: el documento publicado el Día de los Trabajadores debía facilitar que los investigadores que realizaron el doctorado en los años 80 y 90 mediante becas pudieran regularizar su situación ante la Seguridad Social. En aquellos años nadie cotizó por ellos. De la miseria que cobraban no cabía descontar nada.

La noticia no fue portada de ningún diario ni abrió ningún informativo. Se trataba, presuntamente y al fin y al cabo, de otro colectivo que podía acceder a algo tan básico como es una jubilación digna y a tiempo. De hecho, en 2011 ya hubo una regularización en este sentido, a la que al parecer no se sumó demasiado personal. Good News, no News. A la digestión lenta de la noticia ayudó que en Madrid se celebrara el super puente de mayo.

Pero la sorpresa fue despertando cuando se supo que los responsables de Seguridad Social obligaban a los investigadores a pagar la cuota completa, incluida la de la empresa, tomando además como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, independientemente de la fecha en la que se cursó la beca. Esas condiciones, según datos aportados por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), suponían que una persona que cobrara una beca de 100.000 pesetas (601 euros) mensuales tendría que pagar ahora 48.252 pesetas (290 euros) al mes durante tantos meses como durara la situación a la que se refería la regulación hasta un máximo de cinco años. Esos 290 euros/mes suponían un 48% del salario que se cobró entonces.

Ese ejemplo, bastante genérico, obligaría ahora a un ex investigador a sufragar casi 18.000 euros para recuperar un tiempo, unas condiciones, que tampoco asegurarían nada, puesto que las bases y periodos de cotización, así como la edad de jubilación, son flexibles e imprevisibles, en un mundo inestable continuamente sometido a guerras y crisis económicas que conllevan siempre medidas políticas en contra del más débil: el trabajador.

El estupor sembrado en las redes sociales despertó la curiosidad de los medios de comunicación y la consecuente preocupación de los políticos. Aparecieron portavoces y la palabra negociación tomó protagonismo. Las reivindicaciones que los científicos pusieron sobre la mesa eran recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social y no solo cinco años; considerar la base de cotización que correspondía en su momento, y no la del año 2024; y que el empleado asuma solo sus propios costes, y no también los del empleador. De las peticiones, tras la primera negociación, el Ministerio solo ha anunciado que considerará la base de cotización que correspondía en su momento y no la del año 2024. No está mal. Es un cambio importante. De hecho, en la regularización de 2011 fue así. En todo caso, la negociación, dicen, puede continuar. O debería hacerlo.

Es posible que todo mejore y que la sensibilidad de un gobierno progresista ayude a que el drama no se complete. Pero hay un mal que está hecho: la desconsideración hacia un colectivo al que, por lo menos, debería mostrarse respeto. No solo eran becarios, como parte de la prensa les ha llamado. Eran héroes. Con sus batas blancas, su paciencia, y sus horas y horas de laboratorio. Fueron aquellos investigadores de los años 80 y 90, que contribuyeron a sostener la ciencia en aquella España somnolienta. Eran licenciados después de cinco años de carrera que optaban por seguir en la universidad, apostando por la investigación, haciendo tesinas y tesis monumentales, trabajadas durante interminables días, meses y años. Se relacionaron con universidades extranjeras, siendo pioneros de una internacionalización necesaria para un país que debía despertar.

No es que ahora estemos en el cielo, porque la inversión en ciencia en España todavía es pequeña. Elisa Rivera, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, nos explicó el pasado 18 de abril, en el cierre de la Jornada Ind+i (Industria más Innovación) en Viladecans, que el objetivo del gobierno central es conseguir que el PIB (Producto Interior Bruto) que España destina a la innovación llegue al 3% en 2030. Actualmente, en Cataluña este índice es de 1,89% y en España, 1,44%. La media europea es el 2,71%.

Pero sí que es cierto que somos muy buenos en producción científica de calidad, con el puesto décimo mundial. ¿Por qué? ¿Gracias a quién? Echemos un vistazo a aquellos años de becas mal pagadas y largas jornadas de trabajo de entusiastas de la ciencia y la investigación. Sembraron. Muchos son profesores de universidad.

Otros se fueron al extranjero para luego aportar su experiencia a la academia patria. Los hay que, estancados en departamentos universitarios sin demasiado escaparate, no llegaron a consolidar una buena carrera laboral y ahora, a una edad, se encuentran en dificultades para acceder a una pensión digna. Reconozcamos su mérito. Exijamos sus derechos.

(Este modesto licenciado en Periodismo en 1989 conoció de cerca aquel universo por culpa del amor. Les aseguro que sentía admiración hacia aquellos frikis que seguían a su rollo, en unos tiempos en que los chavales de barrio se compraban deportivos y pisazos con la pasta que ganaban en la construcción. Ellos ni podían independizarse de sus hogares familiares accediendo a una hipoteca o asumiendo un alquiler. No era justo entonces y no es de recibo ahora que se les castigue).

(Otro apunte: la tesina de mi compañera de vida, vecina entonces de Sant Joan Despí, se tituló: “Síntesis de Octametiltetrabenzoporfirinas para la terapia fotodinámica del cáncer”, en un departamento de Química Orgánica de la Universitat de Barcelona. 500 páginas. No se me olvida el título. No me pregunten por el contenido ni por la tesis doctoral, que vino luego. Ocho años de trabajo en total. Ahí queda eso).