A pesar de ellos

“Es casi el principio de una amistad”, afirmaba González Pons tras acordar con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una amistad mal vista por el ala dura de populares (si es que existe un ala blanda), a juzgar por las reacciones de unos y las justificaciones de otros.

El órgano de gobierno de los jueces ha estado secuestrado por el Partido Popular durante cinco años. Un lustro en el que el partido de Feijóo (o mejor dicho de Ayuso) ha esgrimido hasta 27 excusas para no renovarlo, justificando lo injustificable para contentar a la extrema derecha de este país, entre la que se incluyen buena parte de sus dirigentes, voceros y electores. Todo con un único propósito: mantener sus privilegios. Sólo bajo ese precepto, acepta la derecha el juego democrático.

Ya lo vivimos en 2006, con Jose Luís Rodríguez Zapatero, cuando los populares retrasaron la renovación del CGPJ dos años. Y ha vuelto a ocurrir. Ahora durante 60 meses. ¿Por qué? Porque la derecha española es incapaz de aceptar la moción de censura que restauró la dignidad a nuestro país en 2018, de la mano de Pedro Sánchez, quien liberó a los españoles de la corrupción del gobierno de M. Rajoy (curiosamente, el juez García Castellón todavía está tratando de descubrir quién se esconde tras esa denominación). Tampoco aceptan el resultado de los tres últimos comicios electorales nacionales; demostrando con su actitud que sólo acatan la Constitución y el propio sistema democrático si son ellos los que detentan el poder. Nada nuevo cara el sol.

Pero en contra de lo que se pueda creer, el bloqueo de la renovación del CGPJ ha tenido un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía. Por cada año de bloqueo, el Tribunal Supremo ha acumulado más de 1.000 asuntos de retraso. Es decir, 5.000 casos se han visto atrasados, empeorando el acceso al servicio público de justicia e incrementando la lista de espera. En definitiva, empeorando el sistema público de justicia desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y efectividad.

Lamentablemente, hace demasiado tiempo que el PP está instalado en el cuanto peor, mejor. Su máxima siempre ha sido, como nos recordó el ministro Montoro, “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. Pero a pesar de ellos, y de su intento de derrocar al presidente del Gobierno, ni España se cae, ni España se rompe.

Esta semana hemos conocido que la afiliación a la seguridad social marca un nuevo récord en España: 21,4 millones de personas ocupadas. Nunca ha habido tanta gente trabajando en nuestro país. Y eso ha sucedido la misma semana que se ha votado en el Congreso la toma en consideración de la renovación del CGPJ, es decir, la misma semana que en España vuelven a funcionar con normalidad los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Y es que, a pesar del “quien pueda hacer que haga” de José María Aznar, del “al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes” del juez Aguirre, o de los múltiples intentos de la derecha reaccionaria de impedir que nuestro país crezca en derechos y libertades, España, como diría Galileo, se mueve. A pesar de ellos.