OPINIÓN
EDITORIAL. Espacios urbanos más resilientes
MARÍA JOSÉ ESPINOSA. Directora de ELFAR.CAT
![[Img #55430]](https://elfar.cat/upload/images/07_2024/3541_maria-jose.jpg)
La mejora de la calidad del aire y, por tanto, velar por la salud de la ciudadanía es un eje central de las políticas municipales. Y uno de los instrumentos para hacerlo posible es la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), de obligado cumplimiento este año para los municipios con más de 50.000 habitantes, según lo establecido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España, aprobada en 2021 siguiendo las directrices europeas.
Esta normativa está en línea con el compromiso de las ciudades del Baix Llobregat de avanzar hacia la reducción de las emisiones y del ruido, potenciar una movilidad más sostenible y promover unos espacios urbanos seguros y de calidad.
En la metrópolis de Barcelona, los niveles de gases provenientes del tráfico superan los límites recomendados por los organismos internacionales de salud, por lo que es crucial reducirlos para disminuir el impacto de la contaminación en las personas. Y, precisamente, éste es el objetivo de las ZBE, que buscan mermar la polución ambiental y preservar la salud pública. Un argumento más que suficiente para abordar de forma prioritaria esta cuestión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la contaminación del aire como un importante riesgo medioambiental y considera que la disminución de los niveles de polución atmosférica puede reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas, el asma. La contaminación del aire es considerada por la OMS como una emergencia de salud pública, ya que causa más de 300.000 muertes prematuras al año en la UE. En el caso concreto de España, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, fallecen más de 33.000 personas al año a causa de la mala calidad del aire.
El Acuerdo de París también establece el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con vista a contribuir en el desarrollo sostenible y conseguir una respuesta adecuada. Asimismo, se reconoce que esta adaptación es un reto mundial que nos incumbe a todos, con dimensión local, nacional, regional e internacional.
Las ZBE son espacios en los que la entrada a determinados vehículos está controlada debido a sus emisiones. Se aplican a un área amplia dentro de las ciudades o, incluso, en su totalidad, y sólo permiten la entrada a los vehículos que cumplen con los estándares de emisiones. Viladecans, Gavà, Sant Boi y El Prat son las ciudades del Baix Llobregat que ya han aprobado las ordenanzas de las ZBE, cumpliendo con la normativa vigente, aunque las sanciones comenzarán a aplicarse después de un período informativo. No sucede lo mismo en Castelldefels, que aún no tiene fecha de inicio, aunque desde el consistorio aseguran que están trabajando en ello.
Y es que el Gobierno de España lo ha dejado claro, advirtiendo que llevará a los tribunales a los municipios que no activen sus ZBE. Además, se ha enviado una carta a todos los ayuntamientos que han recibido ayudas de Europa avisando de que se arriesgan a tener que devolver los fondos recibidos si no cumplen con lo establecido.
La importancia de la implantación de estas zonas no es cuestionable, pese a que ayer se conocía, a través de una noticia publicada en El Periódico, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado, a través de cuatro nuevas sentencias judiciales, las ordenanzas municipales aprobadas a principios del año 2020 para restringir la circulación de vehículos contaminantes de L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs, que forman parte de las ZBE Rondes BCN, impulsada por el AMB y que fue pionera en España.
De esta manera, L'Hospitalet y Cornellà permanecerán sin ZBE vigente —y no podrán limitar la circulación o multar a los coches- hasta que aprueben una nueva ordenanza. A Esplugues, que ha recurrido ante el Supremo, sí se le permite mantener la vigencia del reglamento anulado por el TSJC hasta que se resuelva el recurso.
Según El Periódico, el TSJC basa parte de su decisión en el hecho de que los ayuntamientos no han incluido en sus regulaciones una valoración de cómo las restricciones condicionan la capacidad económica de los conductores, especialmente a los residentes en las ciudades afectadas y a colectivos empresariales de menor capacidad económica, al tener que adquirir un vehículo con distintivo ambiental para poder circular.
Sin embargo, son muy pocos los que dudan de la eficacia de las ZBE para paliar la problemática de la contaminación generada por el tráfico rodado, pero han de venir acompañadas de otras medidas. De hecho, en los últimos años, se han puesto en marcha diferentes iniciativas a nivel autonómico, metropolitano y municipal con esta finalidad. Entre ellas, destacan la mejora del transporte público colectivo para que se convierta en un servicio esencial, la peatonalización de calles y plazas, el establecimiento de zonas de 30 km/hora para reducir la velocidad o la creación de una potente red de carriles segregados para bicicletas y patinetes.
Lo que está claro es que la situación de emergencia climática y medioambiental requiere de actuaciones contundentes. Se han de adoptar medidas concretas para contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde, aplicando una nueva agenda urbana destinada a proteger la salud de los ciudadanos, combatir la degradación ambiental, mitigar los efectos del calentamiento global, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, y cumplir con las directrices y los valores mínimos de calidad del aire legalmente establecidos por la OMS. No podemos perder más tiempo para modificar el sistema de movilidad urbana y transformar las ciudades para que sean mucho más sostenibles y resilientes.
La descarbonización de nuestro territorio es uno de los grandes retos y requiere de un trabajo conjunto entre todos los agentes implicados porque no se puede combatir la crisis climática sin consenso. Pero, sobre todo, este cambio de paradigma ha de ser una cuestión prioritaria ya que el tiempo apremia.
![[Img #55430]](https://elfar.cat/upload/images/07_2024/3541_maria-jose.jpg)
La mejora de la calidad del aire y, por tanto, velar por la salud de la ciudadanía es un eje central de las políticas municipales. Y uno de los instrumentos para hacerlo posible es la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), de obligado cumplimiento este año para los municipios con más de 50.000 habitantes, según lo establecido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España, aprobada en 2021 siguiendo las directrices europeas.
Esta normativa está en línea con el compromiso de las ciudades del Baix Llobregat de avanzar hacia la reducción de las emisiones y del ruido, potenciar una movilidad más sostenible y promover unos espacios urbanos seguros y de calidad.
En la metrópolis de Barcelona, los niveles de gases provenientes del tráfico superan los límites recomendados por los organismos internacionales de salud, por lo que es crucial reducirlos para disminuir el impacto de la contaminación en las personas. Y, precisamente, éste es el objetivo de las ZBE, que buscan mermar la polución ambiental y preservar la salud pública. Un argumento más que suficiente para abordar de forma prioritaria esta cuestión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la contaminación del aire como un importante riesgo medioambiental y considera que la disminución de los niveles de polución atmosférica puede reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas, el asma. La contaminación del aire es considerada por la OMS como una emergencia de salud pública, ya que causa más de 300.000 muertes prematuras al año en la UE. En el caso concreto de España, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, fallecen más de 33.000 personas al año a causa de la mala calidad del aire.
El Acuerdo de París también establece el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con vista a contribuir en el desarrollo sostenible y conseguir una respuesta adecuada. Asimismo, se reconoce que esta adaptación es un reto mundial que nos incumbe a todos, con dimensión local, nacional, regional e internacional.
Las ZBE son espacios en los que la entrada a determinados vehículos está controlada debido a sus emisiones. Se aplican a un área amplia dentro de las ciudades o, incluso, en su totalidad, y sólo permiten la entrada a los vehículos que cumplen con los estándares de emisiones. Viladecans, Gavà, Sant Boi y El Prat son las ciudades del Baix Llobregat que ya han aprobado las ordenanzas de las ZBE, cumpliendo con la normativa vigente, aunque las sanciones comenzarán a aplicarse después de un período informativo. No sucede lo mismo en Castelldefels, que aún no tiene fecha de inicio, aunque desde el consistorio aseguran que están trabajando en ello.
Y es que el Gobierno de España lo ha dejado claro, advirtiendo que llevará a los tribunales a los municipios que no activen sus ZBE. Además, se ha enviado una carta a todos los ayuntamientos que han recibido ayudas de Europa avisando de que se arriesgan a tener que devolver los fondos recibidos si no cumplen con lo establecido.
La importancia de la implantación de estas zonas no es cuestionable, pese a que ayer se conocía, a través de una noticia publicada en El Periódico, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado, a través de cuatro nuevas sentencias judiciales, las ordenanzas municipales aprobadas a principios del año 2020 para restringir la circulación de vehículos contaminantes de L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs, que forman parte de las ZBE Rondes BCN, impulsada por el AMB y que fue pionera en España.
De esta manera, L'Hospitalet y Cornellà permanecerán sin ZBE vigente —y no podrán limitar la circulación o multar a los coches- hasta que aprueben una nueva ordenanza. A Esplugues, que ha recurrido ante el Supremo, sí se le permite mantener la vigencia del reglamento anulado por el TSJC hasta que se resuelva el recurso.
Según El Periódico, el TSJC basa parte de su decisión en el hecho de que los ayuntamientos no han incluido en sus regulaciones una valoración de cómo las restricciones condicionan la capacidad económica de los conductores, especialmente a los residentes en las ciudades afectadas y a colectivos empresariales de menor capacidad económica, al tener que adquirir un vehículo con distintivo ambiental para poder circular.
Sin embargo, son muy pocos los que dudan de la eficacia de las ZBE para paliar la problemática de la contaminación generada por el tráfico rodado, pero han de venir acompañadas de otras medidas. De hecho, en los últimos años, se han puesto en marcha diferentes iniciativas a nivel autonómico, metropolitano y municipal con esta finalidad. Entre ellas, destacan la mejora del transporte público colectivo para que se convierta en un servicio esencial, la peatonalización de calles y plazas, el establecimiento de zonas de 30 km/hora para reducir la velocidad o la creación de una potente red de carriles segregados para bicicletas y patinetes.
Lo que está claro es que la situación de emergencia climática y medioambiental requiere de actuaciones contundentes. Se han de adoptar medidas concretas para contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde, aplicando una nueva agenda urbana destinada a proteger la salud de los ciudadanos, combatir la degradación ambiental, mitigar los efectos del calentamiento global, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, y cumplir con las directrices y los valores mínimos de calidad del aire legalmente establecidos por la OMS. No podemos perder más tiempo para modificar el sistema de movilidad urbana y transformar las ciudades para que sean mucho más sostenibles y resilientes.
La descarbonización de nuestro territorio es uno de los grandes retos y requiere de un trabajo conjunto entre todos los agentes implicados porque no se puede combatir la crisis climática sin consenso. Pero, sobre todo, este cambio de paradigma ha de ser una cuestión prioritaria ya que el tiempo apremia.










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