Los municipios del Delta implementan las ZBE para combatir la elevada polución

Los municipios de Viladecans, El Prat y Gavà ya han aprobado, en sus respectivos plenos, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que se lleva a cabo bajo la estrecha colaboración del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En el caso concreto de Sant Boi, su aprobación se llevó a cabo en la sesión plenaria de ayer jueves.

Se trata de una medida destinada a reducir el tráfico de los vehículos más contaminantes por los núcleos urbanos, según lo establecido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España, aprobada en mayo de 2021 siguiendo las directrices de la Unión Europea, que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE.

La medida está contemplada en la Ley de Cambio Climático

y Transición Energética del Gobierno de España

Sin embargo, en Castelldefels, que también está obligado por ley a poner en marcha la ZBE, aún no hay fecha de inicio. El pasado mes de marzo el gobierno local anunciaba la creación de una comisión para analizar las afectaciones que la medida tendrá en el municipio. Bajo el nombre de Comisión por el aire limpio y sostenible de Castelldefels (AIRECAST), este organismo tiene el encargo de analizar la casuística y las afectaciones que puede tener la aplicación de la ZBE en la ciudad.

"Estamos trabajando en ello", asegura a ELFAR.CAT el segundo teniente de alcaldía de Castelldefels, David Solé. "Ya hemos iniciado el proceso de instalación de cámaras y hemos de hacer el proyecto junto con el AMB para, posteriormente, aprobar la ordenanza", explica. "No tenemos prisa, porque queremos contar con el máximo consenso de la ciudadanía y recoger sus inquietudes", remarca.

Pero el Gobierno de España lo ha dejado claro y ha advertido que llevará a los tribunales a los municipios que no activen sus ZBE. Además, se ha enviado una carta a todos los ayuntamientos que han recibido ayudas de Europa avisando de que se arriesgan a tener que devolver los fondos recibidos si no cumplen con lo establecido.

Con la implantación de estas zonas, los vehículos que no tienen ninguna etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) tendrán restringida la circulación en el ámbito que delimiten las ZBE todos los días laborables de 7 a 20 horas. Sí lo podrán hacer fuera de estos horarios, así como los fines de semana y los festivos. Quedan fuera de estas áreas restringidas los polígonos industriales y el Parque Agrario del Baix Llobregat.

De todas maneras, las sanciones a aquellos conductores que se salten la normativa comenzarán a imponerse durante este próximo mes de septiembre; a excepción de Sant Boi que aún no ha concretado la fecha. Hasta entonces, en todos los municipios se desplegarán campañas de información ciudadana para garantizar el conocimiento de la nueva norma.

Las ZBE están debidamente señalizadas en cada una de las ciudades y controladas por cámaras de videovigilancia fijas, que en algunos casos, como en El Prat, han sido sufragadas con los fondos europeos Next Generation. Además, se garantizará el cumplimiento de las restricciones con un par de vehículos del Sistema de Captación Automática de Infracciones del AMB que circularán por los diferentes municipios de la zona para detectar vehículos que incumplen la normativa.

Asimismo, se han colocado sensores ambientales y acústicos que permiten evaluar la evolución de los niveles de contaminación y de ruido.

La Zona de Bajas Emisiones de Gavà tiene dos kilómetros de superficie, rodeando la mayor parte del núcleo urbano. Sin embargo, no forman parte de ella los barrios de la Sentiu, Ca n’Espinós ni Bruguers, “que no tienen tanta contaminación ni disponen de un servicio de transporte público tan constante”, explican desde el Ayuntamiento. El barrio de Gavà Mar también queda fuera, atendiendo que la mayor afluencia de vehículos se concentra el fin de semana.

La ZBE estará delimitada por la avenida de la Riera de Sant Llorenç, en el límite municipal con Viladecans -que también la incluye en su ZBE-, la rambla Salvador Lluch, la calle Salamanca, la avenida Joan Carles I, y las calles Manuel Carrasco i Formiguera, Argila, Sant Lluís, Clara Campoamor y Can Tries.

La Zona de Bajas Emisiones de Gavà tiene dos kilómetros de superficie y rodea la mayor parte del núcleo urbano

Los vehículos afectados por las restricciones pueden hacer servir los aparcamientos ubicados en el exterior de la ZBE. Éstos se encuentran en la calle Girona, junto al cementerio, en las plazas del entorno y en el Parque del Calamot. Además, desde el consistorio aseguran que se prevé ampliar el número de plazas de estacionamiento disponibles, con 183 nuevas en la calle Girona, junto con la habilitación de un segundo aparcamiento en la parte norte del cementerio, con 180 plazas. “La creación de estas bolsas de estacionamiento ha ido acompañada de la progresiva mejora de la red de transporte público que ha supuesto la transformación de la C-245 y de la red ciclable, junto con la implantación del AMBici”, remarcan desde el consistorio.

En Gavà, y según la DGT, en 2021 había un total de 6.002 vehículos sin distintivo ambiental, lo que representaba el 21% del parque móvil. Los que circulaban por la ciudad sin etiqueta eran 2.011, es decir, el 7%.

Este último porcentaje se ha ido reduciendo en los últimos años. Según datos actualizados en 2024, los vehículos que transitan por la ciudad sin etiqueta han bajado hasta el 4% (1.154), “un porcentaje que con las excepciones que se aplicarán a diferentes vehículos, todavía podría reducirse más”, apuntan las mismas fuentes.

Estas excepciones, como en el resto de municipios, son para aquellos vehículos dedicados al transporte de personas con enfermedades que les condicionan el uso del transporte público; los destinados al transporte de personas con movilidad reducida, tanto particulares como colectivo; los que tienen matrícula extranjera y cumplan los requisitos tecnológicos y los de emergencia y especiales, es decir, aquellos que presten servicios médicos o funerarios, bomberos, protección civil y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Se concederán algunas excepciones o autorizaciones

para poder circular por las nuevas áreas restringidas

Para acogerse a estas excepciones o autorizaciones hay que registrarse previamente en la página web zbe.amb.cat e indicar el motivo correspondiente. Además, el AMB pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 93 033 35 55 (de lunes a viernes, de 8 a 20 horas) para atender las dudas que puedan surgir.

La ZBE de Viladecans también se ha aprobado, siguiendo la estrategia del gobierno local de conseguir que la ciudad sea climáticamente neutra en el año 2030. La ZBE abarca toda el área urbana del municipio, excepto los polígonos de actividad económica.

Lo mismo sucede en El Prat, que ya cuenta con la ordenanza que regulará la restricción de la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental en la ciudad con la finalidad de mejorar la calidad del aire. Desde el Ayuntamiento aseguran que un 21% del parque automovilístico del municipio no dispone de la etiqueta, pero tan sólo se verán afectados un 7% de los vehículos (unos 2.500 aproximadamente) que circulan por el municipio, que son los que lo hacen en el horario de vigencia de la ZBE. De éstos, tan sólo un 1,5% son furgonetas y un 5,5% son turismos. La ZBE de El Prat también afecta a todo el núcleo urbano, a excepción de los alrededores de las rondas Llevant, Ponent y Sud, así como los polígonos industriales.

Otro dato destacado que se desprende del estudio realizado por el consistorio es que la antigüedad mínima de los vehículos de El Prat sin distintivo es de 17 años. Por otra parte, la antigüedad media de los que tienen el distintivo amarillo es de 14. Teniendo en cuenta que previsiblemente este distintivo no será válido para entrar en las ZBE catalanas en el año 2027, muchos de estos vehículos ya habrán ido al desguace; y los que queden, tendrán ya 17 años.

La ZBE de Viladecans también se ha activado en julio, siguiendo la estrategia del gobierno local de conseguir que la ciudad sea climáticamente neutra en el año 2030. La ZBE abarca toda el área urbana del municipio, excepto los polígonos de actividad económica.

En Sant Boi, el área estará comprendida, aproximadamente, entre la ronda de Sant Ramon, la C-245, la BV-2002, la calle Frederic Mompou, la avenida Can Carreres y la calle Benviure. Desde el Ayuntamiento calculan que se verán afectados únicamente el 6% de los vehículos que circulan habitualmente por la ciudad.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España también establece que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes han de tener una ZBE antes de que finalice 2025. En el Baix Llobregat es el caso de Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Feliu, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu y Sant Vicenç dels Horts.

Sant Joan Despí ya ha hecho los deberes y desde el año 2022 cuenta con una zona de bajas emisiones que afecta un área de 3,7 kilómetros, que incluye la zona urbana y que corresponde a los límites establecidos entre la BV-2001, Sant Feliu, Cornellà, Esplugues y Sant Just Desvern.

Sentencias judiciales contra la ZBE Rondes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado, a través de cuatro nuevas sentencias judiciales, las ordenanzas municipales aprobadas a principios del año 2020 para restringir la circulación de vehículos contaminantes de L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs, que forman parte de las ZBE Rondes, impulsada por el AMB y que fue pionera en España.

Según publica El Periódico, L'Hospitalet y Cornellà permanecerán sin ZBE vigente —y no podrán limitar circulación o multar a los coches- hasta que aprueben una nueva ordenanza. No sucede lo mismo en Esplugues, que ha recurrido ante el Supremo, por lo que le permite mantener la vigencia del reglamento anulado por el TSJC hasta que se resuelva el recurso.

La noticia de El Periódico señala que el TSJC basa su decisión en el hecho de que los ayuntamientos no han incluido en sus regulaciones una valoración de cómo las restricciones condicionan la capacidad económica de los conductores, especialmente a los residentes en las ciudades afectadas y a colectivos empresariales de menor capacidad económica, al tener que adquirir un vehículo con distintivo ambiental para poder circular.

Asimismo, recrimina que la tramitación de las ordenanzas adoleciera de una "falta de valoración de otras medidas" menos limitativas que la prohibición de circulación; e, incluso, llegan a criticar que las regulaciones locales preveían exclusiones de aplicación sin aportar "explicación sobre la razón de esta exclusión ni sobre el motivo por el que no se extiende a otros servicios esenciales".

El TSJC no concluye que no sean necesarias restricciones, pero precisa que, en una ponderación de intereses de los empresarios o residentes, las limitaciones deben justificarse debidamente.