El AMB presenta las motos eléctricas compartidas con licencia metropolitana

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) presentó ayer martes, 29 de octubre, las nuevas motos eléctricas de uso compartido, que ha regulado a través del otorgamiento de licencias metropolitanas, vía concurso público, y que empezarán a funcionar en los próximos días en ocho municipios, entre los que se encuentran L’Hospitalet, Esplugues, Sant Feliu y Sant Just Desvern.

El concreto, el organismo metropolitano ha adjudicado un total de 9.950 licencias a cinco empresas, que deberán desplegar la flota de manera gradual antes de que finalice el año. El reparto de licencias es de unas 2.000 por empresa y también se fija un mínimo de motos por municipio.

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón, defendía que el nuevo motosharing metropolitano permitirá contribuir a promover la “movilidad sostenible, eléctrica, segura y compartida”, así como la reducción de las emisiones y de la presencia del vehículo privado, la mejora de la salud pública, el fomento de la intermodalidad, la creación de puestos de trabajo y un cambio de hábitos de la ciudadanía. Además, subrayaba que se convertirá en el más ambicioso de Europa, duplicando el que existe, por ejemplo, en París.

“Es una medida más para avanzar hacia una metrópolis más cohesionada”, señalaba, tras reconocer que el objetivo es que se vayan sumando más municipios para que el proyecto “tenga sentido” y se “pueda garantizar su éxito”.

Las licencias tienen una vigencia de dos años, con otros dos prorrogables, y el AMB revisará periódicamente el número de vehículos asociados a cada licencia.

Se ha previsto una zona de cobertura mínima, a la que las empresas deben dar servicio obligatoriamente. También habrá ámbitos con restricciones, donde podrán estacionar bajo determinadas condiciones, y otros de prohibición, en los que no podrán estacionar.

Esta convocatoria y sus bases han sido fruto de la Taula Metropolitana de la Moto Elèctrica Compartida, donde participaron 60 entidades, y también se ha trabajado con la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este sentido, Cordón resaltaba el “éxito de la colaboración entre administraciones” que ha posibilitado “focalizarnos en las necesidades de la ciudadanía más allá de la frontera de cada municipio”.

Cada una de las cinco empresas tendrá su propia app y tarifas, por lo que el AMB sólo regulará su uso y preservará el espacio público. Sin embargo, la disponibilidad de motos también se podrá visualizar en las aplicaciones AMB Mobilitat  y SMOU.

Tanto las motos como los cascos llevan una identificación metropolitana, concretamente, el logo del AMB de la moto compartida. El resto de la moto y el casco tienen los colores, tipografías y diseños que cada empresa haya decidido.

Aparte, el AMB ha creado una comisión técnica, formada por técnicos de este organismo, de los municipios y de las empresas operadoras, que hará seguimiento del despliegue y, coordinadamente con las policías locales, velará por el buen uso de la moto compartida en el marco de la regulación y la seguridad vial. Además, todos los operadores se han adherido al código de buenas prácticas de seguridad vial del AMB.

Las bases reguladoras también contemplan un régimen sancionador específico, que regula la gravedad de las infracciones y los mecanismos de revocación y reasignación de las licencias revocadas entre los operadores activos, siempre siguiendo el orden establecido por sorteo.

Las licencias otorgadas están sujetas a una tasa del AMB para la gestión de la licencia de 45 euros anuales por vehículo y a las tasas por el aprovechamiento especial del espacio público de cada municipio, según las ordenanzas municipales correspondientes.