Vayamos a una

Hay unanimidad: el acceso a la vivienda es con toda probabilidad el problema más acuciante, urgente y preocupante que tenemos en estos momentos.

Es objeto de debate permanente en público y en privado. Los datos que conocemos se empeñan en romper todas las estadísticas conocidas. Las vivencias de miles de personas que afrontan el reto casi imposible de encontrar, alquilar o comprar un piso son de una evidencia palmaria, insoportable desde cualquier punto de vista. ¿Qué hacer ante una situación tan grave y que muchas veces aparece inabordable?

No nos engañemos: no existen recetas mágicas. Pero lo que seguro que no va a ninguna parte es esa mezcla de resignación, inacción e incluso confrontación que ha caracterizado durante demasiado tiempo a las (no)políticas de vivienda. Llega la hora de romper esa tendencia y convertir la resignación en inconformismo, la inacción en concreción y la confrontación en coordinación. Se trata de poner voluntad y capacidad a partes iguales, y de sumar las herramientas adecuadas y los instrumentos necesarios. Es decir, disponer normas, preceptos, espacios y recursos. Y alinearlos.

No hay otra. O vamos a una o no lo conseguiremos. Y en los últimos meses estamos viendo cómo se están dando pasos firmes en esa dirección. Así debemos recibir el Plan que ha puesto en marcha el gobierno de la Generalitat para alcanzar el objetivo de 50.000 viviendas asequibles. Es la administración más directamente responsable en esta materia, y acaba de fijar una meta ambiciosa que interpela a todas las instituciones. Pues bien, en eso estamos y ahí estaremos. Porque la vivienda pasa por quien ostenta la competencia, pero necesita de todas las incumbencias, que ahora también están levantando la mano.

La incumbencia del Área Metropolitana. De la Diputación. De los ayuntamientos, por supuesto, y ahí Gavà tiene mucho que decir y mucho que proponer. Del Estado, evidentemente. Del ámbito social y cooperativo con toda su experiencia. Y del sector privado; sí, también, y de hecho se están viendo ya movimientos que van más allá del mero –y legitimo- interés económico y exploran las posibilidades de las empresas inmobiliarias en el terreno de la vivienda asequible.

No será fácil. Tampoco será rápido. Pero si vamos a una, será. Hablamos de un reto colectivo de primera magnitud, de un derecho que tiene que ser un deber para todos, de un bien común que ganaremos sumando intereses colectivos e individuales.