EDITORIAL. Complicidad entre administraciones para garantizar un derecho básico

El acceso a la vivienda es el gran factor de desigualdad social que tenemos en la actualidad. El déficit residencial, las tensiones en el mercado inmobiliario y, sobre todo, las dificultades de gran parte de la ciudadanía para hacerse con una vivienda digna, han generado, inevitablemente, una gran preocupación en nuestra sociedad.

La falta de un parque público y social de viviendas comparable al del resto de la Unión Europa es un hecho innegable en nuestro país. Se trata de un problema estructural que nuestros gobiernos deben afrontar con urgencia.

La inacción de la Generalitat de Catalunya en esta materia durante las últimas décadas ha obligado a otras administraciones a impulsar iniciativas con recursos propios. Es el caso de muchos ayuntamientos del territorio, del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y del Gobierno de España. Precisamente, a finales del pasado mes de enero, el organismo metropolitano y el ejecutivo central anunciaron la renovación del acuerdo de colaboración iniciado en 2020 para construir vivienda de alquiler asequible.

Esta suma de esfuerzos, traducida en la aportación de 21,6 millones por parte del Gobierno central, ha permitido que se estén construyendo 1.200 pisos sociales en 22 promociones distribuidas en diferentes municipios de la metrópolis, casi todos ellos declarados zona tensionada de alquiler. Ciudades como Cornellà, Viladecans, Molins de Rei, Gavà, Sant Boi, Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu o Sant Just, por poner algunos ejemplos, se están beneficiando de esta apuesta clara de ambas administraciones por dotar al territorio de promociones de vivienda asequible. Ahora, con la prórroga del protocolo de colaboración, y una nueva contribución de 5,4 millones de euros por parte del Estado, se podrán impulsar otros 265 pisos adicionales.

El actual Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, también se ha comprometido a crear 50.000 viviendas asequibles en Catalunya, y para ello pide la complicidad de los ayuntamientos. En este sentido, muchos de ellos ya han ofrecido solares municipales al Incasòl para tal fin.

La alianza, no sólo entre organismos públicos, sino también con el sector privado, es clave para avanzar en esta dirección y revertir la alarmante situación. El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental; pero, además, incide en aspectos como la inclusión social, la sostenibilidad urbana y la reducción de desigualdades. Por este motivo, no estamos hablando de un lujo sino de una necesidad a la que las diferentes administraciones han de hacer frente.

Es ineludible seguir trabajando para garantizar el acceso a la vivienda mediante instrumentos que permitan contener las rentas de alquiler en zonas tensionadas, impulsar la modificación de la Ley del Suelo y aplicar más medidas fiscales para incentivar a los propietarios a ofrecer viviendas asequibles.

Asimismo, tal y como reconocen desde el Gobierno central, es importante impulsar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Industrialización como reforma estructural del sector de la construcción con la finalidad de facilitar el desarrollo o la creación de nuevos sistemas constructivos, así como la rehabilitación del parque edificatorio existente.

En este último aspecto, el AMB está llevando a cabo también un extensivo plan de reforma energética en un gran número de hogares, con el objetivo de mejorar el confort y la habitabilidad, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al tiempo que atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones y normas necesarias para garantizar este derecho. Se están dando pasos importantes para conseguirlo, pero aún queda mucho camino por recorrer. Se ha perdido mucho tiempo, entre pelotazos urbanísticos, burbujas inmobiliarias y desahucios, así que ya no hay tregua posible.

Si queremos favorecer la cohesión, la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social es preciso situar las políticas de vivienda en el centro de la agenda de las administraciones e incrementar el presupuesto destinado a esta materia. El tan nombrado Estado del Bienestar es inexistente sin un techo digno.